RED SOSTENIBLE la publica hoy

Con la venia de Sus Señorías:

Dirigimos la presente carta a todas las Asociaciones Judiciales, así como a todas y cada una de las personas que ostentan en España el cargo de Juez o Magistrado. La escribimos desde la plataforma Red SOStenible, creada recientemente por un grupo diverso y heterogéneo de personas, -profesionales de la creación artística, de la informática, del mundo empresarial y jurídico, trabajadores y trabajadoras de toda condición- todas ellas preocupadas por algunas iniciativas que ponen en riesgo Libertades y Derechos Fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna y, particularmente, la Disposición Final Primera del Anteproyecto de la denominada Ley de Economía Sostenible.

Nos dirigimos a usted por cuanto consideramos que dicha iniciativa supone un atentado a la separación de poderes y las competencias que actualmente tiene constitucionalmente asumidas el Poder Judicial, cuyos integrantes suponen los más inmediatos garantes de nuestros derechos constitucionales.

La razón fundamental de todo ello es que dicha Disposición Final Primera, con la excusa de la propiedad intelectual, atribuye a un órgano administrativo la facultad de interpretar las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual, en cuanto a sus infracciones, al margen del criterio judicial y decretar la interrupción de servicios de la sociedad de la información, tales como el cierre de páginas web. Dicha previsión puede atentar a la facultad exclusiva de los jueces, reconocida en el art. 20.5 CE, de acordar el secuestro de cualquier medio de información.

La comentada norma supone la quiebra de dicho precepto y, por tanto, de la configuración constitucional de la Libertad de Expresión; de la separación de Poderes que se consagra en nuestra Carta Magna, dado que el cierre de medios de información como páginas web es una facultad atribuida al Poder Judicial; y de la separación de jurisdicciones.

Los conflictos en materia de propiedad intelectual, han de ser resueltos ante la Jurisdicción Civil/Mercantil o, en los casos graves, ante la Jurisdicción Penal, ya que ambas ofrecen mecanismos ágiles para defender los derechos de propiedad intelectual, pero no ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa. El procedimiento sumarísimo de 4 días previsto en el anteproyecto no reúne las debidas garantías, al privarse al Poder Judicial de la posibilidad de sopesar adecuadamente, con rigor y con sosiego, si concurren los elementos necesarios para suspender cautelarmente un derecho fundamental como es la Libertad de Expresión.

Por todo ello, el colectivo Red SOStenible le invita a informarse y, si lo considera oportuno, en la medida de su ámbito de actuación, poner su grano de arena a fin de que este atropello a nuestras Libertades y Derechos Fundamentales no se perpetre.

Confiando en la Justicia con mayúsculas, desde Red SOStenible transmitimos un respetuoso saludo a Sus Señorías.

L'APTUTUD PER GOVERNAR

En tots els països però sobre tot en aquest nostre, tots els que han arribat al govern s'han atipat de legislar a tort i a dret, per un costat, prohibint, que com sabeu es la màxima expressió de poder, ho han prohibit tot, i per l'altre costat, titolitzant, si, si, s'ha de tenir un títol per tot, per fer d'electricista, de forner, de manipulador d'aliments, de pintor, de tot, o s'ha de tenir una llicencia, per pescar, per caçar, per anar en barca, per collir bolets, etc...

Però a cap d'ells se'ls ha acudit que per fer tot això, es a dir per governar, s'ha de tenir un nivell, uns coneixements que de cap manera es tenen sense una molt bona preparació, preparació que molt pocs governants tenen, però a cap, cap d'ells se'ls ha acudit, be, de ben segur se'ls ha acudit a molts però no ho han dit a ningú, que per fer la seva feina s'hauria de tenir un títol, si, si el títol de polític o de governant o de parlamentari, i s'haurien de passar uns cursos i uns exàmens que els habilitessin per ocupar un càrrec public.

Tanmateix per treballar a l'administració s'ha de ser funcionari (n'hi ha que son contractats) i haver passat unes oposicions, de la mateixa manera que per entrar en una empresa s'ha de passar una selecció i reunir unes aptituds determinades, però en canvi per governar a qualsevol nivell, no cal res, es pot ser un complert imbecil, no mes cal que et votin.

A VUELTAS CON LA SGAE

Ya era hora de que alguien le pusiera las peras a cuarto al Gobierno en su afán de contentar a las discográficas y a su cabecilla la SGAE.

Leo en multitud de periódicos - La Vanguardia, El País, El Mundo -y en muchos blogs la noticia de que la Comisión Nacional de la Competencia ha emitido un informe en el que insta al Gobierno a darle la vuelta a la disposición final de la Ley de la Economía Sostenible para hacer que la comisión de vigilancia que pretenden constituir, en lugar de vigilar a los internautas se dedique a vigilar precisamente a la SGAE y compañía en aras a evitar su posición de monopolio.

Ademas propone, en el informe, dar una nueva redacción total a la Ley de Propiedad Intelectual, donde entre otras cosas propone modificar la normativa aplicable a dichas entidades de gestión.

Es una pena que dicho informe no sea vinculante, pero algo es algo ya que en breves días tendrá que comparecer ante la Subcomisión de cultura del Congreso una serie de personas relacionadas con la propiedad intelectual, de las cuales, la mayoria estan relacionadas o representan directamente los intereses de las entidades de gestión o de las discográficas con señaladas ausencias de loas otras partes interesadas en el tema como son el resto de los ciudadanos que serán representados por Enrique Dans practicamente a solas.

Seria fantastico que estuvieramos viendo el principio del fin de tal desbarajuste.